La violencia contra las mujeres continúa siendo una de las principales barreras para la igualdad económica y social. A nivel global, 736 millones de mujeres han experimentado violencia física o sexual al menos una vez en su vida (ONU Mujeres, 2023). En América Latina y el Caribe, esta problemática se desarrolla además en un contexto de elevada violencia e institucionalidad frágil, donde las mujeres enfrentan mayores riesgos y menores mecanismos efectivos de protección. 

Más allá de sus consecuencias humanas y sociales, la violencia también genera costos económicos significativos para los hogares, las empresas y los Estados. Evidencia reciente para Latinoamérica y España muestra que los costos asociados a la violencia contra las mujeres pueden alcanzar hasta el 5% del producto bruto interno (PBI), con una carga económica que recae principalmente sobre las propias mujeres y sus hogares (Secretaría General Iberoamericana, 2026). En este contexto, este artículo analiza cómo la violencia contra la mujer limita su inserción laboral y reduce sus oportunidades económicas, profundizando las brechas de género. 

Más violencia, menos protección para las mujeres

Los datos del índice Women, Business and the Law del Banco Mundial (WBL) (2021) [1]  revelan un patrón preocupante. Como muestra el Gráfico 1, los países con mayores niveles de violencia, tanto en homicidios generales como feminicidios, tienden a presentar menores puntajes en el índice, lo que refleja marcos legales menos favorables para la igualdad económica de las mujeres  (De Hoop et al., 2026). La relación es particularmente relevante en el caso de los feminicidios, dado que reflejan una forma extrema de violencia basada en género. Si bien Latinoamérica ha implementado el 69% de las disposiciones legales necesarias para alcanzar la igualdad de género, (incluyendo normas sobre empleo, remuneración, parentalidad, emprendimiento y pensiones) el puntaje promedio de los marcos de implementación efectiva apenas llega al 38.6%, lo que evidencia una enorme brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica (De Hoop et al., 2026).

En América Latina y el Caribe, la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática extendida y poco denunciada. De acuerdo con ONU Mujeres (2023), una de cada cuatro mujeres en la región ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida. Sin embargo, a nivel global, menos del 40% de quienes experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% presentan una denuncia ante la policía (ONU Mujeres, 2023). En la región, el subregistro también es crítico: apenas el 5% de las mujeres adultas que sufren violencia sexual denuncia el hecho ante la policía (CEPAL, 2010). Esta brecha entre violencia experimentada y denuncia efectiva es especialmente preocupante en la región, donde en 2023 se registraron 3,897 víctimas de femicidio, feminicidio o muerte violenta por razón de género en 27 países y territorios, equivalente a al menos 11 muertes violentas de mujeres por día (CEPAL, 2024).  

Los mecanismos detrás del impacto laboral

1. Violencia de género: impactos directos sobre la trayectoria laboral femenina 

De Hoop et al. (2026) identifican que la violencia de pareja reduce la participación laboral. Las mujeres que experimentan violencia de pareja presentan mayores niveles de ausentismo, menor productividad y mayor probabilidad de abandonar sus empleos. En el caso peruano, Vara-Horna (2013) estimó que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja genera una pérdida agregada de aproximadamente 70 millones de días laborales al año, resultado de acumular los días de trabajo perdidos por millones de trabajadoras afectadas. Estas pérdidas representan un costo mínimo de US$ 6,744 millones en valor agregado empresarial, equivalente a alrededor del 3.7% del PBI. 

2. Inseguridad y violencia social: un entorno que profundiza desigualdades existentes

La inseguridad ciudadana y la violencia social también afectan las oportunidades económicas de las mujeres, particularmente en contextos donde ya existen brechas de participación laboral y autonomía económica. 

• El miedo paraliza: En México, Velásquez (2020) muestra que el aumento de la violencia afectó especialmente a las mujeres trabajadoras independientes: ante un incremento promedio de la violencia, su probabilidad de participar en el mercado laboral cayó en aproximadamente 14%, mientras que sus horas trabajadas se redujeron en cerca de 33% al año. Parte de ese tiempo fue reemplazado por trabajo doméstico no remunerado, pues el estudio encuentra un aumento de 17% en el tiempo dedicado a tareas domésticas y de 20% en el apoyo escolar a miembros del hogar. Esto evidencia que la inseguridad no solo reduce ingresos, sino que también refuerza la carga doméstica y limita la autonomía económica femenina. 

• La movilidad se restringe: Estudios en Argentina, Brasil y México documentan que las mujeres reportan mayor miedo al crimen y modifican sus rutinas con más frecuencia que los hombres: evitan salir de noche, restringen el uso del transporte público y planifican trayectos más cortos para permanecer cerca de sus hogares (De Hoop et al., 2026). Estas restricciones no solo alteran patrones de movilidad, sino que también pueden limitar oportunidades económicas. Entre 2021 y 2024, apenas 40% de las mujeres en América Latina y el Caribe reportó sentirse segura caminando sola de noche en su vecindario, porcentaje considerablemente menor al promedio global (60%), lo que evidencia cómo la percepción de inseguridad puede afectar la movilidad cotidiana y, con ello, las oportunidades económicas (PNUD, ACNUDH y UNODC, 2025). 

• Los empleos más vulnerables concentran a más mujeres: En América Latina, la tasa de participación laboral femenina alcanza apenas 51.8%, frente al 74.4% de los hombres. Además, más del 80% de las trabajadoras se concentra en sectores de baja productividad, como agricultura, comercio y servicios (OIT, 2024). Por ello, la inseguridad puede profundizar brechas laborales ya existentes, especialmente entre mujeres con empleos más precarios o informales. 

El contexto peruano ilustra con mayor precisión estas dinámicas. Según el Índice Regional de Brechas de Género (IRBG) 2025, que se muestra en el gráfico 2, la brecha de género promedio en el Perú es de 30.1 puntos sobre 100, donde un valor más alto refleja mayor desigualdad entre hombres y mujeres, mientras que valores más cercanos a cero indican menores brechas. Uno de los pilares con mayor desigualdad es el Mercado Laboral (39.0 puntos) (IPE, 2025). Las brechas más profundas se registran en el empleo adecuado (46.5 puntos) y en la formalidad laboral (42.9 puntos). Asimismo, las regiones con mayores brechas de género, como Cajamarca (36.7 puntos), Amazonas (36.1 puntos) y Puno (35.5 puntos), coinciden también con tener menores niveles de competitividad económica (IPE, 2025).  En contraste, Moquegua, la región con menor brecha de género (20.2 puntos), registra un PBI per cápita anual de S/ 67,986, frente a un promedio de S/ 6,953 entre las tres regiones con mayores brechas de género. Esta comparación sugiere una relación entre igualdad de género, competitividad regional e ingresos por habitante (IPE, 2025). 

El círculo que se cierra: menor autonomía económica, más vulnerabilidad

Los efectos laborales de la violencia no son aislados: se retroalimentan. Cuando las mujeres reducen su participación laboral o quedan atrapadas en empleos precarios, su autonomía económica disminuye, y con ella, su poder de negociación dentro del hogar (De Hoop et al., 2026). La Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2024) señala que las economías de América Latina con menores brechas de género en sectores clave registran mayores niveles de productividad laboral, mientras que la prevalencia de violencia afecta directamente el desempeño y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. 

Esta relación también puede operar en sentido inverso: una menor autonomía económica puede incrementar situaciones de vulnerabilidad. Hernández (2017), a partir de la ENDES 2010–2017, muestra que la violencia de pareja no responde a un único patrón, sino que incluye formas de control limitado, control extendido, violencia regular y violencia con riesgo de feminicidio. Esto sugiere que la menor capacidad de decisión y autonomía dentro del hogar puede reforzar dinámicas de dependencia y dificultar que las mujeres salgan de entornos violentos. 

La violencia es también una barrera económica

En conclusión, la violencia contra las mujeres no es solo un problema de seguridad pública. Es una restricción directa sobre el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades. Mientras las mujeres no puedan moverse con libertad, trabajar sin miedo ni acceder a empleos formales y bien remunerados, la región continuará enfrentando pérdidas de productividad, menores oportunidades económicas y barreras para un crecimiento más inclusivo. 

Es por ello que abordar esta realidad exige políticas que vayan más allá de la reducción del crimen, significa una combinación de inversión en infraestructura urbana segura, acceso a servicios de cuidado, protecciones laborales efectivas y marcos institucionales que conviertan los derechos escritos en oportunidades reales.

[1] El índice Women, Business and the Law (WBL) del Banco Mundial mide el grado en que los marcos legales promueven la igualdad económica entre hombres y mujeres a lo largo de ocho dimensiones: movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, emprendimiento, activos y pensiones. El índice toma valores entre 0 y 100, donde un mayor puntaje refleja una mayor igualdad legal de oportunidades económicas. Además, el WBL distingue entre la existencia de normas legales y su implementación efectiva, permitiendo identificar brechas entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica. 

Referencias

• Banco Interamericano de Desarrollo [BID]. (2016). Erradicar la violencia contra la mujer: tarea urgente en América Latina y el Caribe. https://www.iadb.org/es/noticias/erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-tarea-urgente-en-america-latina-y-el-caribe-segun

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2010).Violencia sexual en América Latina y el Caribe: Análisis de un problema social y de salud pública.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. (2024). Femicidios en cifras: América Latina y el Caribe. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/69e978aa-ff89-4afb-afbb-e5d39904b9b1/content

• De Hoop, J. J., Tribin Uribe, A. M., & Velásquez, A. (2026). The hidden costs of violence: How crime shapes women's labor market outcomes in Latin America (Policy Research Working Paper No. 11294). World Bank Group.

• Hernández, W. (2017). Violencia contra las mujeres en relaciones de pareja: patrones de victimización y tipología de agresores. Consorcio de Investigación Económica y Social. https://repositorio.mimp.gob.pe/server/api/core/bitstreams/d207c613-3e88-42ec-bf70-446f91c66e2e/content 

• Instituto Peruano de Economía [IPE]. (2026). Índice Regional de Brechas de Género 2025: Resultados. IPE.https://ipe.org.pe/evento/indice-regional-de-brechas-de-genero-irbg-edicion-2025/ 

• ONU Mujeres. (2023). Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2023/11/hechos-y-cifras-poner-fin-a-la-violencia-contra-las-mujeres

• Organización Internacional del Trabajo [OIT]. (2024). Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2024: Cerrar la brecha de género para impulsar la economía y la productividad. OIT. https://www.ilo.org/es/publications/serie-panorama-laboral-en-america-latina-y-el-caribe-2024-cerrar-la-brecha-0

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2026). Global progress report on Sustainable Development Goal 16 indicators in Latin America and the Caribbean. Naciones Unidas. 

• Secretaría General Iberoamericana [SEGIB]. (2026). Medir la violencia para prevenirla: Un informe revela el costo oculto que absorben mujeres, empresas y Estados en Iberoamérica. Secretaría General Iberoamericana. https://segib.org/es/medir-la-violencia-para-prevenirla-un-informe-revela-el-costo-oculto-que-absorben-mujeres-empresas-y-estados-en-iberoamerica/

• Vara-Horna, A. (2013). Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú. Universidad de San Martín de Porres.  https://www.administracion.usmp.edu.pe/investigacion/files/Costos-empresariales-Per%C3%BA-1-1.pdf 

• Velásquez, A. (2020). The economic burden of crime: Evidence from Mexico. Journal of Human Resources, 55(4), 1287–1318.