Acuerdos G2G en el Perú: ¿Una solución a la brecha de infraestructura?

En la última década, el Estado peruano ha recurrido con mayor frecuencia a la suscripción de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) como un mecanismo para facilitar la ejecución de proyectos de infraestructura pública. El uso de este mecanismo puede interpretarse como una respuesta institucional frente a las limitaciones del sistema tradicional de contratación pública en el Perú, el cual históricamente ha estado caracterizado por procesos prolongados, fragmentados y expuestos a riesgos de corrupción, así como por una limitada capacidad estatal para estructurar y gestionar proyectos de gran envergadura (Apoyo Consultoría, 2026). 

En este contexto, los acuerdos G2G han sido promovidos como una alternativa que permite incorporar asistencia técnica internacional, fortalecer la gestión de proyectos y agilizar los procesos de contratación y ejecución de obras públicas. No obstante, la creciente utilización de este esquema también ha generado cuestionamientos respecto a su eficiencia y pertinencia en determinados proyectos. En particular, iniciativas recientes como la Nueva Carretera Central, desarrollada bajo un acuerdo G2G con el Gobierno de Francia, han suscitado debates sobre la idoneidad del mecanismo frente a otras modalidades de inversión pública disponibles en el país, así como sobre los criterios utilizados por el Estado para seleccionar este tipo de acuerdos en la ejecución de proyectos de infraestructura.

El presente artículo analiza el uso de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) en el Perú como mecanismo para la ejecución de proyectos de infraestructura pública. En primer lugar, se describe su definición, características y marco normativo dentro del sistema de contratación pública. Posteriormente, se revisan las principales experiencias de aplicación en el país, destacando proyectos relevantes y sus montos de inversión. Finalmente, se abordan los cuestionamientos recientes sobre su eficiencia, sostenibilidad fiscal y desempeño en la ejecución de obras, con el objetivo de ofrecer una visión integral de este modelo de gestión pública.

El modelo G2G en el Perú

Los acuerdos Gobierno a Gobierno constituyen una modalidad de contratación pública mediante la cual el Estado peruano establece un acuerdo directo con otro Estado extranjero para la ejecución de obras, la adquisición de bienes, la prestación de servicios o la gestión integral de proyectos estratégicos. Este mecanismo se caracteriza por la cooperación intergubernamental y la incorporación de asistencia técnica especializada, generalmente a través de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO).

Se trata de un mecanismo excepcional, reservado para situaciones en las que la envergadura, complejidad técnica o urgencia de los proyectos supera las capacidades ordinarias del aparato estatal. A diferencia de los mecanismos tradicionales, los G2G permiten mayor flexibilidad en los procesos de contratación y gestión, al amparo de principios del derecho internacional y la cooperación entre Estados (Medina, 2019). En el ámbito normativo, este esquema ha sido reconocido desde la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado,  y se mantiene vigente en la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, como un mecanismo excepcional dentro del sistema de contrataciones del Estado.

Si bien su uso está contemplado desde hace más de una década, su expansión se consolidó a partir de 2019, tras el éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Desde entonces, los acuerdos G2G han sido aplicados en sectores como salud, transporte, educación y reconstrucción, posicionándose como un instrumento relevante en la política de infraestructura del país. 

A diferencia de lo observado en otros países, donde los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) se utilizan principalmente en el ámbito de la defensa nacional, particularmente para la adquisición de equipamiento militar y servicios estratégicos, el Perú constituye uno de los pocos casos en los que este mecanismo ha sido adaptado para la ejecución de proyectos de infraestructura pública. En ese sentido, el país no solo ha ampliado el alcance tradicional de los G2G, sino que además ha buscado posicionarlos como un instrumento recurrente dentro de su política de contratación pública para el desarrollo de obras de infraestructura. La preferencia por este mecanismo se sustenta en diversas ventajas asociadas a su implementación. Este mecanismo permite reducir riesgos de incumplimiento contractual, y facilita una mayor capacidad de negociación y estructuración de proyectos, así como la transferencia de conocimiento técnico hacia las entidades públicas. Asimismo, la incorporación de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), el uso de contratos estandarizados y la implementación de mecanismos internacionales de resolución de controversias, como las Juntas de Resolución de Disputas, contribuyen a mejorar la eficiencia en la ejecución de las obras y a reducir la probabilidad de conflictos contractuales (Sheput, 2023).

Expansión del modelo G2G en el Perú (2017–2025): principales proyectos y compromisos fiscales

El uso del mecanismo de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) en el Perú cobra relevancia en 2017 con el acuerdo suscrito con el Gobierno del Reino Unido para la ejecución de la infraestructura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, incluyendo sedes deportivas y la Villa Panamericana (Sheput, 2023). El éxito de esta experiencia impulsó la expansión del modelo hacia otros proyectos estratégicos.

En octubre de 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscribió un acuerdo con la República de Corea para el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco), con una inversión estimada de S/ 2,724 millones (CGR, 2024).  En junio de 2020, se firmó un nuevo convenio con el Reino Unido para brindar asistencia técnica a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) [1], con una inversión aproximada de S/ 30,000 millones, orientada a infraestructura en salud, educación y control de inundaciones (UK Delivery Team, 2025). Asimismo, ese mismo año, el Ministerio de Salud suscribió un acuerdo de asistencia técnica con el Gobierno de Francia para la ejecución de importantes proyectos hospitalarios [2] en Lima y Cusco por una de inversión de S/ 2,488 millones (SSI, s.f.). 

Posteriormente, en mayo de 2021, el Estado peruano y el Gobierno de Francia suscribieron el acuerdo de asistencia técnica para la construcción de la Nueva Carretera Central, con una inversión estimada de S/ 24,653 millones, así como para la Vía Expresa Santa Rosa, con una inversión de S/ 819 millones (SSI, s.f.). En ese mismo año, se celebró un acuerdo con el Reino Unido para la ejecución del programa Escuelas del Bicentenario, que contempla 75 proyectos de infraestructura educativa por aproximadamente S/ 380 millones (SSI, s.f.).

Recientemente, en el 2025, el Gobierno Peruano celebró un nuevo acuerdo con el Gobierno de Reino Unido para construcción de una infraestructura hospitalaria a gran escala por valor de S/ 2,491 millones (SSI, s.f). Este programa contempla la construcción de 3 hospitales:  el Hospital de Alta Complejidad de Piura, en la región de Piura,  el Hospital Universitario Regional de Trujillo, y el Hospital Guillermos Días en Apurímac. Asimismo, en diciembre del mismo año, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció la suscripción de un acuerdo con China para la provisión de asistencia técnica especializada en los estudios y ejecución de los proyectos Alto Piura y el afianzamiento del Sistema Poechos, con una inversión estimada de S/ 3,672 millones (Radio Nacional PE, julio 2025; SSI, s.f).

Reversión del modelo G2G

A pesar de las experiencias positivas observadas en proyectos como los Juegos Panamericanos (2017), el Programa de Reconstrucción con Cambios (2021) y el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (2021), ejecutados bajo la modalidad de acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), en los últimos años han resurgido cuestionamientos respecto a su conveniencia como instrumento de inversión pública, especialmente en relación con su impacto fiscal y su desempeño en la ejecución de infraestructura.

Uno de los principales puntos de debate se vincula con el impacto fiscal asociado al creciente uso de este mecanismo. En enero de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que la cartera de proyectos desarrollados bajo acuerdos G2G en el país es de 241 proyectos por una inversión de  S/ 106,189 millones, equivalente aproximadamente al 9% del Producto Bruto Interno (Gestión, 2026). Dado que estos proyectos se financian íntegramente con recursos públicos, la ejecución de la infraestructura implica una presión directa sobre los recursos provenientes del presupuesto corriente. Es decir, un acuerdo de Gobierno a Gobierno se paga como si se tratase de una Obra Pública en el sentido de que se paga de inmediato o en un muy breve plazo. A ello se suma el costo adicional de los servicios de asistencia técnica especializada brindados por el gobierno extranjero, lo cual incrementa el costo total de inversión.

En este contexto, el uso del mecanismo G2G podría estar respondiendo, en algunos casos, a una lógica de implementación acelerada de proyectos, sin una adecuada evaluación de su sostenibilidad fiscal ni de la capacidad del Estado para asumir compromisos de inversión en el mediano y largo plazo. En esencia, los acuerdos G2G no dejan de ser una forma de ejecución de obra pública, por lo que deben sujetarse a las reglas fiscales vigentes y a los procesos de evaluación presupuestaria correspondientes, incluyendo la opinión técnica del MEF sobre la disponibilidad y sostenibilidad de los recursos (Apoyo Consultoría, 2026).

Asimismo, al igual que en la obra pública tradicional, en los acuerdos G2G el Estado asume la totalidad de los riesgos del proyecto, incluyendo los riesgos de diseño, construcción, operación y mantenimiento. Esta concentración de riesgos en el sector público puede derivar en sobrecostos y retrasos en la ejecución, especialmente en ausencia de mecanismos adecuados de asignación y gestión de riesgos (Sheput, 2023).

Por otro lado, también se han planteado cuestionamientos respecto al desempeño del modelo en la ejecución de los proyectos. Si bien los G2G incorporan asistencia técnica especializada y herramientas de gestión a través de Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), en la práctica la ejecución continúa dependiendo de los procedimientos del sistema nacional de inversión pública, tales como la liberación de predios, la obtención de permisos y la coordinación interinstitucional. En consecuencia, el avance de los proyectos bajo este esquema depende en gran medida de la capacidad del Estado peruano para cumplir con estos procesos habilitantes y de la adecuada articulación entre las entidades públicas nacionales y los equipos técnicos del gobierno extranjero. De no existir esta coordinación, los beneficios esperados en términos de eficiencia y reducción de plazos pueden verse limitados (CAPECO, 2025). 

Los cuestionamientos a los acuerdo Gobierno a Gobierno surgen, en gran medida, como respuesta al uso generalizado de este mecanismo como una salida para el desarrollo de infraestructura, sin una adecuada consideración de las restricciones presupuestarias ni de la capacidad del Estado para sostener dichos compromisos en el tiempo (El Comercio, 2026)

Conclusiones

Los acuerdos Gobierno a Gobierno han demostrado ser un mecanismo eficaz para la ejecución de proyectos de infraestructura complejos, al incorporar asistencia técnica especializada y mejorar la gestión de proyectos. Sin embargo, su expansión plantea desafíos en términos de sostenibilidad fiscal, asignación de riesgos y capacidad institucional del Estado. 

En ese sentido, el uso de los acuerdos G2G no debería ser entendido como una solución generalizada para la provisión de infraestructura, sino como un instrumento complementario, aplicable en proyectos específicos que requieran altos niveles de especialización técnica o ejecución acelerada. Su implementación debe estar acompañada de una evaluación rigurosa de su sostenibilidad fiscal, así como de estrategias orientadas a fortalecer las capacidades del Estado y mejorar la articulación institucional. 

Asimismo, la ausencia de criterios claros para definir cuándo y bajo qué condiciones deben emplearse los distintos mecanismos de ejecución de infraestructura pública pone en entredicho la pertinencia del uso de los acuerdos G2G. Esto resulta especialmente relevante, dado que, en contextos adecuados, estos mecanismos pueden ser eficientes; sin embargo, su aplicación indiscriminada puede afectar la sostenibilidad fiscal y la continuidad de los proyectos previstos.

[1] El programa incluye la construcción de  74 escuelas, 18 centros de salud y defensas integrales contra inundaciones para 17 cuencas fluviales y 7 ciudades a lo largo de las regiones costeras de Perú.

[2] Los proyectos incluyen “ El Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales – Collique”, en el distrito de Comas (Lima), y el “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1”. Asimismo, En el 2025  se integraron al programa de infraestructura Hospitalaria el Hospital Manuel Núñez Butrón - Puno y el Hospital Goyeneche - Arequipa.

Referencias

• APOYO Consultoría (marzo 2026). lo que falta son criterios para decidir cuándo y cómo invertir en infraestructura. Opinión APOYO Consultoría. https://www.apoyoconsultoria.com/es/los-g2g-no-son-el-problema-lo-que-falta-son-criterios-para-decidir-cuando-y-como-invertir-en-infraestructura/ 

• CAPECO (diciembre de 2025). CAPECO alerta que los acuerdos GtoG no deben reemplazar la contratación pública nacional. Cámara Peruana de Construcción. https://capeco.org/capeco-alerta-que-los-acuerdos-g2g-no-deben-reemplazar-la-contratacion-publica-nacional/ 

• CEAR Latinoamericano. El rol estratégico de los Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G). https://cearlatinoamericano.pe/blog/rol-estrategico-acuerdo-gobierno-a-gobierno-g2g 

• El Comercio (marzo de 2026). El mecanismo gobierno a gobierno requiere reglas claras de uso y anclaje fiscal. Diario el Comercio. https://elcomercio.pe/economia/peru/el-mecanismo-gobierno-a-gobierno-requiere-reglas-claras-de-uso-y-anclaje-fiscal-noticia/?ref=ecr 

• Gestión (Enero 2026). MEF renegociará acuerdos G2G por falta de recursos: Carretera Central y otros bajo la mira. Diario Gestión https://gestion.pe/economia/mef-se-prepara-para-renegociar-algunos-proyectos-bajo-modalidad-gobierno-a-gobierno-esta-es-la-razon-por-las-que-pone-en-la-mira-a-los-g2g-noticia/?ref=gesr 

• Gobierno del Péru (s.f.). Proyectos de Estado a Estado con Francia https://www.gob.pe/institucion/pronis/campa%C3%B1as/98493-proyectos-de-estado-a-estado-con-francia 

• Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7594705/6444155-ley-general-de-contrataciones-publicas-con-modificaciones-al-5-12-2025.pdf?v=1768513184 

• Medina, J. (2019). El  Acuerdo de Gobierno a Gobierno y los Contratos NEC: ¿Soluciones a las deficiencias de la normativa de contrataciones del Estado que puedan ser replicadas por todas las entidades?  Ius et Veritas, (58), 110 - 127.  https://doi.org/10.18800/iusetveritas.201901.006 

• Maraví (2020). G2G Agreements as a Mechanism for Infrastructure Development: The Peruvian Experience. Chambers and Partners

• https://chambers.com/articles/g2g-agreements-as-a-mechanism-for-infrastructure-development-the-peruvian-experience 

• MEF (s.f.). Sistema de Seguimieto de Inversiones. https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ 

• Sheput Stucchi, H. (2023). Razones por las cuales se debe preferir el régimen de contratos de Asociación Público Privada-APP a los Acuerdos de Gobierno a Gobierno-G2G en el Perú. Ius et Veritas, (66), 90-101. https://doi.org/10.18800/iusetveritas.202301.007