En una reciente publicación del Informe de Perspectivas de Economistas Jefe del Foro Económico Mundial se señala que la economía mundial ha ingresado a una nueva era de gran incertidumbre, marcada por los cambios geoeconómicos y las tensiones geopolíticas actuales (Feingold, 2025). En el caso peruano, a este escenario de incertidumbre económica global se suma una persistente inestabilidad política interna, que ha terminado por profundizar la fragilidad del entorno económico. Como menciona Perea (2025), la inestabilidad política constituye uno de los principales factores detrás de la caída del crecimiento potencial, que pasó de 6,5% en 2013 a alrededor de 3,0% en la actualidad. Este deterioro responde, en gran medida, a su influencia negativa sobre las decisiones de inversión, consumo y financiamiento.
En este contexto, resulta pertinente analizar cómo la inestabilidad política incide no solo sobre el crecimiento económico agregado, sino también sobre la asignación de recursos, los incentivos individuales y la provisión de bienes públicos. Desde una perspectiva microeconómica, la incertidumbre institucional altera las decisiones de inversión de las empresas, las expectativas de ingreso de los hogares y la calidad de la implementación de políticas públicas. Estos efectos, aunque menos visibles que las variaciones del PBI, generan costos sociales persistentes que limitan la acumulación de capital humano y la movilidad económica. Este artículo examina ambos planos (macro y micro) para ofrecer una visión integral del costo del deterioro institucional sobre el desarrollo.
1. Mecanismos de transmisión económica de la crisis política
La crisis política incide en el desempeño económico mediante una serie de mecanismos que afectan tanto las decisiones del sector privado como la capacidad del Estado para implementar políticas públicas de manera efectiva. Estos mecanismos operan de forma simultánea y pueden reforzarse entre sí, generando un efecto acumulativo sobre el crecimiento económico (Aisen & Veiga, 2013; Acemoglu, Johnson & Robinson, 2005). A continuación, se presentan los principales mecanismos identificados en la literatura económica.
a) Reducción de la inversión privada
La incertidumbre política genera un entorno en el que las empresas postergan o reducen sus decisiones de inversión ante la falta de previsibilidad sobre las reglas de juego y la estabilidad institucional. Cuando la inversión es parcialmente irreversible y existe incertidumbre sobre el entorno futuro, las empresas adoptan una estrategia de “esperar y observar”, retrasando la expansión de la capacidad productiva y la generación de empleo (Dixit & Pindyck, 1994).
En el caso peruano, la persistente inestabilidad política y la baja confianza empresarial registradas entre 2022 y 2023 (Gobierno Castillo - Boluarte) coincidieron con cinco trimestres consecutivos de caída de la inversión privada. Este deterioro no pudo ser compensado por una mayor inversión pública, la cual acumuló una contracción cercana al 3% entre enero y octubre del 2023, en un contexto marcado por el inicio de nuevas gestiones subnacionales y limitada capacidad de ejecución. Como resultado, entre enero y setiembre el Perú registró una caída de la inversión total de 7,6%, el mayor retroceso entre las principales economías de la región. Asimismo, la limitada ejecución de recursos destinados a la preparación frente al Fenómeno El Niño —con regiones vulnerables ejecutando menos del 40% del presupuesto asignado— evidencia cómo la fragilidad institucional no solo afecta la inversión privada, sino también la capacidad del Estado para sostener la inversión pública en momentos críticos (Instituto Peruano de Economía [IPE], 2023).
b) Deterioro de las expectativas empresariales y del consumidor
La inestabilidad política tiende a afectar las expectativas económicas, las cuales constituyen un componente central en la toma de decisiones de hogares y empresas. La percepción de un entorno político frágil se traduce en un deterioro de la confianza empresarial, una reducción de los planes de contratación y una desaceleración del consumo privado. En la literatura reciente, estos efectos se capturan a través de medidas de incertidumbre de política económica, como el índice de Economic Policy Uncertainty (EPU), el cual muestra que incrementos en la incertidumbre asociada al entorno político y regulatorio están vinculados a menores niveles de inversión, empleo y actividad económica. En economías emergentes, donde los ciclos políticos influyen de manera más marcada en el desempeño macroeconómico, el aumento de la incertidumbre política puede amplificar los efectos negativos de las crisis institucionales sobre las expectativas y la actividad económica (Bloom, 2009; Baker et al., 2016; Aisen & Veiga, 2013).
En el Perú, esta dinámica se refleja en la evolución del índice de expectativas empresariales sobre la economía, que pasó de niveles claramente optimistas a inicios de 2021 a valores persistentemente por debajo del umbral neutral de 50 durante gran parte de 2022, en un contexto de elevada inestabilidad política y debilidad institucional (Gráfico 1). Este deterioro de las expectativas no solo anticipó la desaceleración de la actividad económica, sino que también contribuyó a un entorno de mayor cautela por parte de empresas y consumidores, amplificando los efectos negativos sobre la inversión privada y el crecimiento.
Gráfico 1: Índice de expectativas de la economía a 12 meses a lo largo del período
Fuente: Elaboración propia basado en Estadísticas BCRP (2026)
c) Volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias
La literatura sobre economías emergentes sostiene que los episodios de inestabilidad política suelen generar presiones sobre el tipo de cambio debido a salidas de capital y aumento de la prima por riesgo (Calvo & Reinhart, 2002; Forbes & Warnock, 2012). Estas depreciaciones pueden trasladarse a los precios internos mediante el mecanismo de exchange rate pass-through, afectando la inflación y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares (Gopinath et al., 2010; Burstein & Gopinath, 2014). En contextos de incertidumbre prolongada, este canal puede amplificar los efectos contractivos sobre la actividad económica (Bloom, 2009).
Si bien la literatura sobre economías emergentes enfatiza que la inestabilidad política puede generar depreciaciones cambiarias significativas, la evidencia para América Latina sugiere una dinámica más matizada. El Documento de Trabajo N.° 2022-001 del Banco Central de Reserva del Perú, Exchange Rate Volatility in LATAM: Common and Idiosyncratic Factors (Pérez Forero, 2022), encuentra que la mayor parte de la volatilidad cambiaria en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú es explicada por un factor común global altamente correlacionado con indicadores internacionales como el VIX y el EPU de Estados Unidos.
Asimismo, el estudio muestra que, si bien la volatilidad idiosincrática —vinculada a factores domésticos como la incertidumbre política— tiende a incrementarse en períodos preelectorales, su magnitud es relativamente menor en el caso peruano en comparación con sus pares regionales. Este resultado sugiere que la sensibilidad del tipo de cambio en Perú a episodios de inestabilidad política interna ha sido más acotada, posiblemente debido a la credibilidad del marco macroeconómico, la confianza en la moneda y la capacidad de intervención cambiaria del banco central.
2. Costos sociales de la inestabilidad política
La inestabilidad política no solo afecta variables macroeconómicas; también incide directamente en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. La rotación frecuente de autoridades, los conflictos entre poderes y los cambios abruptos en la orientación de políticas generan discontinuidades en la formulación y ejecución de programas públicos, reduciendo su eficacia y debilitando la calidad del gasto.
En el caso peruano, a septiembre de 2025 existían más de S/ 42 362 millones en obras públicas paralizadas en más de 2 200 proyectos a nivel nacional (Infobae, 2026), lo que evidencia interrupciones significativas en infraestructura social y productiva. La literatura sobre capacidad estatal sostiene que la inestabilidad limita la planificación de largo plazo y dificulta la implementación de políticas consistentes orientadas al desarrollo (Acemoglu & Robinson, 2012).
Estas discontinuidades institucionales se traducen en efectos concretos sobre el bienestar. La paralización de proyectos, la interrupción de reformas sectoriales y la rotación de equipos técnicos afectan la provisión de servicios en educación, salud, seguridad y programas sociales. En contextos de brechas territoriales persistentes, tales interrupciones tienden a amplificar desigualdades y reducir oportunidades de movilidad social (Alesina et al., 1996; Rodrik, 2011; Fukuyama, 2013).
Más allá de sus efectos materiales inmediatos, este deterioro institucional altera las expectativas ciudadanas. Cuando las políticas carecen de continuidad y los resultados son percibidos como insuficientes, se debilita la confianza en la eficacia del Estado. La XIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú (IPSOS, 2025) ilustra este fenómeno. Como se observa en el Gráfico 2, el 45 % de quienes admiten haber pagado una coima justifican su conducta señalando que “si uno no paga, las cosas no funcionan”, lo que evidencia una internalización de la ineficacia estatal. De manera complementaria, el Gráfico 3 muestra que el 26 % de quienes no denuncian actos de corrupción consideran que “no sirve de nada” o que “las autoridades no hacen caso”, reflejando una percepción extendida de inutilidad institucional.
Gráfico 2: ¿Por qué razones dio una coima, regalo o pago indebido?
Fuente: Elaboración propia basada en IPSOS (2025)
Gráfico 3: ¿Por qué no denunció?
Fuente: Elaboración propia basada en IPSOS (2025)
Estos resultados sugieren que la desconfianza institucional no es únicamente una actitud declarativa, sino un factor que modifica incentivos y comportamientos. Cuando se internaliza la idea de que el sistema no funciona, se reducen los incentivos para la cooperación cívica y la participación institucional, reforzando así un círculo persistente de debilitamiento estatal e inestabilidad política.
Conclusiones
La evidencia analizada muestra que la inestabilidad política genera consecuencias profundas y persistentes sobre el desempeño económico y el bienestar social. En el caso peruano, la fragmentación institucional, los conflictos recurrentes entre los poderes del Estado y la elevada rotación de autoridades han debilitado la capacidad del país para diseñar e implementar políticas públicas coherentes y sostenidas en el tiempo, erosionando la previsibilidad del entorno económico y limitando la efectividad de la acción estatal.
Los mecanismos de transmisión identificados —mayor incertidumbre, contracción de la inversión privada, baja ejecución del gasto público y deterioro de las expectativas económicas— permiten comprender cómo la inestabilidad se traduce en menores tasas de crecimiento y en mayores riesgos sociales, particularmente para los hogares más vulnerables. Este trabajo sugiere que dichos canales no operan de manera aislada, sino que interactúan reforzando un círculo vicioso en el que la debilidad institucional alimenta la desconfianza ciudadana, afectando la gobernabilidad y perpetuando la propia inestabilidad.
Superar este escenario requiere avances sustantivos en el fortalecimiento de las instituciones políticas, la reducción de la fragmentación del sistema político y la profesionalización del sector público. Asimismo, resulta fundamental promover mecanismos de coordinación y acuerdos mínimos que permitan dar continuidad a políticas estratégicas en áreas clave como infraestructura, capital humano y provisión de servicios públicos. Sin un fortalecimiento sostenido de la institucionalidad democrática y de la capacidad estatal, los costos económicos y sociales de la inestabilidad política tenderán a reproducirse, limitando el potencial de desarrollo sostenido e inclusivo del país.
Referencias
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