Cuando gastar más no alcanza: la ineficiencia del sistema de salud peruano

En la última década, el gasto público en salud en el Perú ha aumentado de forma sostenida, pasando de representar el 4.7% del PBI en 2010 al 5.3% en 2022 (OCDE, 2023). Sin embargo, los indicadores de acceso, equidad y calidad del sistema sanitario permanecen estancados. Esta paradoja —mayor inversión sin mejoras proporcionales en los resultados— refleja una profunda ineficiencia en la asignación y ejecución de los recursos del sector salud. Este artículo busca responder a la siguiente pregunta: ¿por qué el aumento del gasto en salud no se traduce en una mejor cobertura y calidad de servicios?

A pesar del incremento presupuestal persisten brechas significativas en la atención médica. En regiones como Puno, el 40% de las personas afirma tener necesidades médicas no satisfechas, casi el doble que en Lima Metropolitana (23%) (INEI, 2023). Estas diferencias reflejan un sistema que continúa siendo desigual y poco efectivo para garantizar el derecho a la salud, especialmente en poblaciones vulnerables. Comprender las causas detrás de esta disparidad resulta clave para evaluar la calidad del gasto público y los desafíos estructurales que enfrenta el sistema sanitario peruano.

Evolución del gasto público en salud en el Perú

En la última década, el gasto público en salud en el Perú ha mostrado una tendencia creciente, con un incremento más pronunciado durante los años de la pandemia (2020-2022). Como se aprecia en el Gráfico 1, el país alcanzó un máximo de 6,7% del PBI en 2021, seguido por una reducción en los años posteriores. No obstante, al comparar este nivel con el de otros países de la región latinoamericana —como Chile, Colombia, Costa Rica, México, Brasil y Argentina (según disponibilidad de datos)—, la inversión pública en salud en el Perú se mantiene significativamente por debajo. Esta brecha se amplía aún más si se considera el promedio de los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), bloque al que el Perú aspira a incorporarse.

En un estudio  reciente de la OCDE (2025) sobre el Sistema de Salud peruano se notó que a pesar de contar con un bajo nivel de gasto público total, Perú destina a la salud una proporción de su presupuesto similar —e incluso ligeramente superior— a la de los países de la OCDE. En 2021, el gasto público total peruano representó apenas el 23 % del PBI, muy por debajo del promedio de la OCDE (40 %) y de países latinoamericanos como Chile (26 %) y México (27 %). Sin embargo, dentro de ese presupuesto limitado, el país asignó alrededor del 17 % a la salud, superando el promedio de la OCDE (16 %) y el de la región de América Latina y el Caribe (14 %). Esta paradoja revela que el problema no radica tanto en la prioridad presupuestal otorgada al sector salud, sino en la baja capacidad fiscal del Estado y la ineficiencia en la ejecución del gasto público.

Este mismo estudio destaca el complejo proceso presupuestario y lo describe como altamente fragmentado y poco eficiente. Los recursos provienen principalmente del gobierno central y se distribuyen a través de numerosas unidades ejecutoras —ministerios, gobiernos regionales, hospitales y redes locales—, cada una con diferentes reglas, metas y mecanismos de control. Este sistema complejo genera baja coordinación, rigidez en el uso de fondos y dificultades para reasignar recursos según las necesidades reales. Aunque el presupuesto inicial (PIA) se ajusta durante el año, la ejecución sigue siendo limitada: en noviembre de 2025 apenas se ejecutó el 77.5 % del gasto previsto para la división funcional de salud (MEF, 2025). A ello se suma que el financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS) continúa basándose en presupuestos históricos y no en el número de afiliados o costos reales,  lo que distorsiona la asignación y limita la eficiencia del gasto sanitario.

El primer nivel de atención en Perú: la puerta de entrada al sistema

Una de las principales razones detrás de la ineficiencia del gasto en salud en el Perú radica en el abandono del primer nivel de atención, la base sobre la que debería sostenerse un sistema sanitario eficiente y preventivo. Este nivel abarca establecimientos de baja complejidad, como los puestos de salud (postas médicas) y centros de salud. Se le considera la puerta de entrada al sistema de salud del país, siendo el más cercano y accesible para los ciudadanos. Su rol es fundamental para garantizar la detección temprana de enfermedades, la continuidad de los tratamientos y la reducción de la demanda en hospitales.

Estos establecimientos brindan prevención de enfermedades, así como servicios promocionales y de atención básica, entre ellos la vacunación para niñas, niños y adultos; el control del embarazo; el seguimiento de enfermedades crónicas; la orientación en salud sexual y reproductiva, nutrición y psicología; y pruebas de descarte para VIH, hepatitis, tuberculosis y ciertos tipos de cáncer, como el de cuello uterino y el de mama. También brindan tratamiento oportuno para afecciones comunes. A diferencia de los hospitales e institutos especializados, que pertenecen al segundo y tercer nivel de atención, estos centros no cuentan con hospitalización ni servicios quirúrgicos, pues su función principal es resolver la mayoría de los problemas de salud de forma temprana, continua y cercana a la comunidad, evitando la sobrecarga de los servicios de mayor complejidad (MINSA, 2024).

Sin embargo, pese a su rol estratégico dentro del sistema sanitario, el primer nivel de atención enfrenta serias limitaciones en su capacidad operativa. De acuerdo con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector Salud (OPMI, 2022), el 97,65 % de los establecimientos de salud del primer nivel presenta capacidad instalada inadecuada [1], lo que refleja una precariedad generalizada en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Como se observa en el Gráfico 2, esta situación es especialmente crítica en departamentos como Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco y San Martín, con prácticamente la totalidad de los establecimientos del primer nivel presentan esta condición, mientras que regiones como Ayacucho registran la menor proporción, con un 89%. Estas cifras reflejan la magnitud del abandono del primer nivel de atención y la necesidad de priorizar inversiones sostenidas en infraestructura y equipamiento para garantizar servicios de salud básicos de calidad.

Asimismo, la dotación de personal médico resulta insuficiente para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de salud del país. En 2022, el Perú registró una densidad de 1,6 médicos por cada 1.000 habitantes, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (2,0) y muy lejos del promedio de la OCDE (3,8). Aunque esta cifra aumentó en un 27 % respecto a 2013, el progreso ha sido insuficiente para cubrir la creciente demanda de servicios. Además, solo el 9,8 % de los médicos y el 14 % de los enfermeros trabajan en zonas rurales, evidenciando una marcada concentración del personal en áreas urbanas. La densidad de enfermeros, de apenas 2 por cada 1.000 habitantes, también se encuentra muy por debajo de la media de la OCDE (9,1), situando al Perú entre los países con menor disponibilidad de profesionales de enfermería. Estas brechas reflejan la desigualdad territorial en la oferta de servicios de salud y agravan las dificultades para acceder a una atención oportuna y de calidad, especialmente en las zonas más alejadas del país (OECD, 2025).

El débil estado del primer nivel de atención tiene implicancias sanitarias y económicas profundas. En el ámbito de la salud, se traduce en diagnósticos tardíos, un incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles y muertes evitables. En el plano económico, sus efectos son igualmente significativos, ya que incrementa los costos del sistema y reduce la eficiencia del gasto público. Una población con peor salud física o mental participa menos en el mercado laboral, reduce su productividad y altera sus decisiones de ahorro e inversión, lo que genera pérdidas significativas más allá del gasto médico. En el corto y mediano plazo, esto implica una fuerza laboral menos sana y menos productiva, limitando la capacidad de crecimiento de la economía y profundizando inequidades en bienestar e ingresos. La literatura macroeconómica muestra que estos costos pueden mitigarse fortaleciendo las políticas preventivas y la intervención temprana —funciones centrales del primer nivel de atención—, así como ampliando los servicios de salud mental, especialmente para personas jóvenes (Ascarza, 2025).

Infraestructura de datos de salud y gobernanza digital

Además de la fragmentación institucional y presupuestaria, la debilidad del sistema de información en salud agrava la ineficiencia del gasto público porque dificulta el seguimiento del uso de los recursos, limita la capacidad de monitorear la prestación de servicios y retrasa la toma de decisiones oportunas. El país carece de una infraestructura de datos integrada que permita el registro, seguimiento y análisis oportuno de la demanda y oferta de servicios sanitarios. El Ministerio de Salud (MINSA) es responsable del sistema nacional de información en salud y administra diversos subsistemas, entre ellos el Sistema de Hechos Vitales, el Sistema de Información de Discapacidad, el Sistema Integrado de Egresos de Emergencia y el Sistema de Información de Salud (HIS), que recopila actividades de atención en todos los niveles y regiones del país. Además, en hospitales y establecimientos especializados se emplean sistemas de gestión hospitalaria como SIS-GALENPLUS, que actualmente funciona en 62 hospitales públicos.

El Seguro Integral de Salud (SIS) también genera una gran cantidad de datos mediante el Formato Único de Atención (FUA), procesado a través de la plataforma ARFSISWEB. Esta información, junto con la del HIS, se centraliza en la Oficina General de Estadística e Informática (OGEI) del MINSA y se publica parcialmente en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que en 2024 registró 96 conjuntos de datos disponibles para el público.

No obstante, los subsistemas de salud como EsSalud, las Fuerzas Armadas, la Policía y el sector privado mantienen sus propias bases de datos con estándares y coberturas heterogéneas. Esta falta de interoperabilidad impide integrar la información y realizar un seguimiento completo de los pacientes dentro del sistema sanitario nacional, generando brechas en la gestión de recursos y en la evaluación del desempeño institucional (OCDE, 2025). Esto, a su vez, limita la planificación basada en evidencia y dificulta el diseño de políticas públicas efectivas que respondan a las necesidades reales de la población.

Conclusiones

El aumento del gasto público en salud no se ha traducido en mejoras proporcionales en acceso ni calidad. Aunque el Perú asigna a la salud una proporción de su presupuesto similar a la de países de la OCDE, persisten brechas estructurales asociadas a la fragmentación institucional, la rigidez del gasto y la débil planificación (OCDE, 2025). El abandono del primer nivel de atención —donde el 97,65 % de los establecimientos presenta capacidad instalada inadecuada (OPMI, 2022)— refleja un sistema reactivo que prioriza la atención hospitalaria sobre la prevención.

Reforzar el primer nivel es clave para reducir costos, mejorar la equidad territorial y fortalecer la resiliencia sanitaria. Ello requiere una política basada en resultados, mayor interoperabilidad de los sistemas de información y una gobernanza digital moderna. Sin un primer nivel sólido, el sistema de salud seguirá siendo costoso e inequitativo. Apostar por su fortalecimiento no solo es una prioridad sanitaria, sino una inversión estratégica para construir un Perú más justo y sostenible.

[1] El término capacidad instalada inadecuada hace referencia a aquellos establecimientos que no cuentan con condiciones físicas, equipamiento o personal suficiente para brindar los servicios básicos de atención primaria, ya sea porque su infraestructura se encuentra deteriorada, el equipamiento es obsoleto o insuficiente, o no han recibido una intervención integral en los últimos cinco años. 

Referencias

• Ascarza D. (2025). Impacto macroeconómico de la salud física y mental en la política pública. eGobierno YTP Tec. https://egobiernoytp.tec.mx/es/blog/mpacto-macroeconomico-salud-fisica-mental-politica-publica

• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). OECD Health Statistics.Health Expenditure and Financing. Recuperado de: https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecd-health-statistics.html

• Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Transparencia Económica – Consulta Amigable: Ejecución presupuestal del Sector Salud 2025. https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/mensual/default.aspx?y=2025&ap=ActProy

• Ministerio de Salud del Perú. (2024). ¿Qué es el primer nivel de atención de salud? Recuperado de: https://www.gob.pe/16727-que-es-el-primer-nivel-de-atencion-de-salud

• Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025. https://doi.org/10.1787/262a739e-es

• Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. (2024). Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud. Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/7046778-diagnostico-de-brechas-de-infraestructura-o-acceso-a-servicios-del-sector-salud-2027-2029