El costo económico de la violencia de género contra las mujeres 

La violencia de género constituye una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y, al mismo tiempo, es una pesada carga económica para las sociedades (Instituto Europeo para la Igualdad de Género [EIGE, por sus siglas en inglés], 2021; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y otras privaciones de libertad (ONU Mujeres, 2024). Estimaciones mundiales de la OMS indican que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, con consecuencias directas en su salud, bienestar y autonomía (OMS, 2021). 

ONU Mujeres (2024) señala que los tipos de violencia de género abarcan diversas formas de agresión que buscan controlar, someter o dañar a las mujeres y niñas por el hecho de serlo. Entre ellos se encuentran la violencia en el ámbito privado, que incluye maltrato físico, psicológico, emocional, económico y sexual dentro de la pareja o el hogar; la violencia sexual, que va desde el acoso y la violación hasta la explotación y la violencia en contextos de conflicto; y el feminicidio, entendido como el asesinato de mujeres por razones de género [1]. Todas estas formas reflejan la desigualdad estructural y tienen efectos graves en la vida y la salud de las mujeres. 

En el caso peruano, la figura 1 muestra que la magnitud del problema es particularmente alarmante. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2024 (INEI, 2025), el 52% de mujeres reportó haber sido víctima de violencia ejercida alguna vez por su esposo o compañero, la forma más extendida es la violencia psicológica y/o verbal (48.4%), seguida por la violencia física (25.5%) y la violencia sexual (5.6%). En cuanto a la violencia física y/o sexual ocurrida en los 12 meses previos a la encuesta por parte de su pareja, 8 de cada 100 mujeres declararon haberla sufrido.

Este fenómeno tiene un impacto profundo en el desarrollo económico y social, al generar costos en salud, justicia, seguridad, programas sociales y pérdidas en productividad y capital humano. ONU Mujeres (2016) calcula que la violencia contra las mujeres representa alrededor del 2% del PIB mundial que equivale aproximadamente a $1.5 billones. En cálculos más recientes, el Banco Mundial (2019) calcula que, en algunos países, la violencia contra las mujeres llega a tener un costo estimado de hasta el 3.7% de su PIB (Saldarriaga, 2024). 

En la misma línea, un estudio del Fondo Monetario Internacional estima que un incremento de un punto porcentual en la violencia contra las mujeres se asocia con una reducción de hasta 8.7% de la actividad económica de países de África subsahariana medida a través de imágenes satelitales de luminosidad nocturna, principalmente debido a la reducción en la oferta laboral de las víctimas; además, este efecto negativo se intensifica en países sin leyes de protección contra la violencia doméstica, en aquellos con alta dependencia de recursos naturales, donde las mujeres carecen de poder de decisión y durante recesiones económicas (Ouedraogo & Stenzel, 2021) [2]

En la Unión Europea, el coste estimado de la violencia de género contra las mujeres supera los 290 mil millones de euros, lo que equivale al 79% del coste total de la violencia de género ejercida tanto sobre mujeres como sobre hombres. Además, la violencia de pareja contra las mujeres representa el 87% (151 mil millones de euros) del coste total de la violencia de pareja en la región. En otras palabras, la mayor parte de los costos de la violencia proviene específicamente de la violencia ejercida por sus parejas (European Institute for Gender Equality [EIGE], 2021).

Resultados en Latinoamérica muestran que la violencia de género tiene costos económicos significativos también en la región. En el caso de Ecuador, por ejemplo, se estima que la violencia contra las mujeres representa pérdidas anuales de US$4,608 millones, equivalentes al 4.28% del PBI nacional, resultado de costos directos e indirectos asociados a menor productividad laboral, gastos en salud y justicia, pérdidas en microemprendimientos y reducción del ingreso de las propias mujeres (Vara-Horna, 2020). Similarmente en Paraguay, la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja afecta a 36 de cada 100 mujeres y ocasiona un costo de USD$1450,6 millones, el equivalente al 5.12 % de su PBI, de los cuales el 48% son asumidos por las propias mujeres, sus hogares y sus microemprendimientos, el 38% son asumidos por las empresas medianas y grandes y el 13.7% por el Estado (Vara-Horna, 2018). Estas cifras revelan que la violencia no solo afecta a las víctimas de manera directa, sino que también repercute en el entorno familiar y laboral.

Medir el costo económico y social de atender los casos de violencia de género es una tarea de relevancia nacional, no solo para dimensionar la magnitud del problema, sino también para comprender sus implicancias en el gasto público, la productividad y el bienestar de las personas y sus familias. En este sentido, el presente artículo tiene como objetivo examinar tres tipos de costos estimados en estudios previos, tanto en el país, aunque a escalas locales o muestrales reducidas, como en otras naciones de la región latinoamericana, y mostrando experiencias legislativas regionales que han logrado resultados positivos en la reducción, visibilización y atención de la violencia.

Magnitud del costo económico

El costo económico de la violencia de género puede analizarse en tres dimensiones: (1) los gastos directos asociados a la atención médica como los procesos judiciales y los servicios de apoyo a las víctimas; (2) las pérdidas indirectas que provienen de la reducción de la productividad laboral, tales como el ausentismo y la salida de las mujeres del mercado de trabajo; (3) y los costos de segunda generación sobre los hijos como el impacto intergeneracional en su rendimiento educativo, comportamiento y salud, limitando la formación futura de capital humano (Callan et al., 2013). 

Costos directos: Los sistemas públicos de salud y justicia soportan una carga considerable. El estudio de EIGE (2021) sobre la Unión Europea, indica que el mayor costo proviene del impacto físico y emocional (56 %), seguido de los servicios de justicia penal (21 %). En Perú, según cifras de ENDES 2024, el 61.4% de las mujeres alguna vez unidas que fueron maltratadas físicamente tuvieron moretones y dolores; el 12.2% de las mujeres con episodios violentos declararon que fue tuvieron alguna herida, hueso o dientes rotos, quemaduras y el 13.3% de ellas manifestaron que fue necesario ir al médico o a un centro de salud (INEI, 2025). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2019) en su estudio en el distrito de Villa el Salvador destaca que las amas de casa no remuneradas también enfrentan costos significativos asociados a la atención de salud, justicia y protección, ya que tienden a endeudarse más con préstamos para afrontar los gastos derivados de la violencia. En los casos de violencia de pareja o expareja, 1 de 4 mujeres invierte alrededor de 522 horas y S/1145 anuales para buscar apoyo y garantizar su seguridad. Estos datos reflejan que la violencia de género impone una carga económica incluso en contextos donde no perciben ingresos, profundizando su vulnerabilidad y dependencia económica.

Costos indirectos: Las mujeres víctimas de violencia tienen más probabilidades de abandonar su empleo o aceptar trabajos precarios, lo que reduce sus ingresos y limita sus oportunidades de acumulación de activos (Morrison & Orlando, 2004). 

En el distrito de Villa el Salvador, el PNUD (2019) estima que una de cada cinco mujeres agredidas por su pareja o expareja pierde, en promedio, 20 días productivos al año, estas interrupciones tienen efectos económicos significativos: las mujeres que trabajan en empresas, son dueñas de microempresas o gestionan bodegas pierden entre S/5.5 y S/9.3 diarios a causa de la violencia, lo que equivale a entre el 9% y el 11.4% de sus ingresos. Para compensar estas pérdidas, deben extender su jornada o trabajar entre 10.6% y 13.8% más días al mes, lo que incrementa su carga laboral y reduce su bienestar. 

De forma similar, Diaz y Miranda (2010) haciendo una análisis comparativo usando ENDES  y ENAHO, encuentran que las mujeres que se ven afectadas por violencia por parte de su pareja tienen entre S/1150 y S/1500 menos ingresos laborales que las mujeres que declaran no ser víctimas de violencia, además las mujeres que sufrían violencia trabajan entre 5 y 10 horas más que sus pares que no sufren violencia o son poco propensas a esta.

Asimismo, un estudio con 211 empresas peruanas encontró que un cuarto de las trabajadoras había sufrido violencia de pareja y habían perdido en promedio 24 días laborales al año; esto sumado a los días laborales perdidos por los que son agresores, las pérdidas de la productividad ascendieron a más de 6.7 billones de dólares al año, equivalente al 3.7% del PIB del Perú (Hidalgo, 2015). Similarmente, en microempresas ubicadas en Gamarra, al menos el 45% de mujeres afirmó haber sido víctima de violencia, calculando una pérdida promedio de 59 días de trabajo (Cuo, 2023). Este fenómeno repercute directamente en la autonomía económica femenina y agrava las brechas de género en la participación laboral. 

Costos de segunda generación: El impacto no se limita a las víctimas directas: hijas e hijos que crecen en hogares violentos suelen obtener peores resultados educativos y presentan un mayor riesgo de reproducir patrones de violencia en la vida adulta (Callan, et al., 2013). 

A través de un experimento natural con una muestra de 7 países de Latinoamérica y el Caribe, Agüero (2013) encuentra que la violencia doméstica afecta en el corto plazo a la salud de niños cuyas madres fueron víctimas de violencia: son menos propensos a haber tenido las cuatro o más visitas prenatales requeridas durante el embarazo, son más propensos a haber tenido diarrea en los últimos 15 días y tienden a tener un peso inferior. Además, los efectos no se limitan a resultados a corto plazo, la violencia contra sus madres reduce la probabilidad de que los niños hayan recibido vacunas, siendo la vacuna contra el sarampión la más excluida, y son más bajos que aquellos cuyas madres no sufrieron abusos físicos. 

En esta misma línea, un estudio del PNUD (2019), realizado en el distrito de Villa el Salvador, advierte que presenciar la violencia aumenta las probabilidades de llegar tarde o faltar a clases, reprobar materias o incluso abandonar la escuela. Además, las madres que sufren violencia destinan hasta tres veces más recursos para tratamientos psicológicos o pedagógicos de sus hijos(as) y enfrentan un mayor ausentismo laboral para atender estos problemas. El estudio también revela que la violencia incrementa la morbilidad infantil hasta en cinco veces, debido a accidentes o lesiones graves, lo que agrava los costos de salud y las pérdidas de productividad femenina. En conjunto, estos hallazgos confirman que la violencia contra las mujeres no solo erosiona el bienestar presente, sino que compromete la formación de capital humano y las oportunidades futuras de desarrollo de las siguientes generaciones.

Legislación contra la violencia de género

El costo económico de la violencia de género frena el desarrollo. Invertir en prevención y atención no solo es una cuestión de derechos, sino también una estrategia para aumentar el desarrollo. Cada dólar destinado a programas de prevención puede ahorrar múltiples dólares en gastos médicos, judiciales y pérdidas de productividad (Callan, et al., 2013). La evidencia muestra además que las pérdidas son mayores en contextos sin leyes de protección contra la violencia de género, en países con alta desigualdad de género en el poder de toma de decisiones y en aquellos donde hay una alta brecha de género en educación dentro de las parejas (Ouedraogo & Stenzel, 2021). 

Por ello, es importante fortalecer el marco normativo y las políticas públicas que promuevan la igualdad de género como parte integral de la agenda de desarrollo económico. Por ejemplo, Ferraz y Schiavon (2022) evalúan el efecto de una reforma legal destinada a frenar la violencia de género en Brasil, la Ley Maria da Penha. Esta ley aumentó las penas, creó medidas e instituciones especializadas en justicia penal y proporcionó asistencia social a las familias en situación de riesgo. Los autores encuentran que la ley redujo en un 9% los homicidios de mujeres por agresiones en el hogar, con impactos más pronunciados en mujeres con menor nivel educativo y las mujeres negras, que suelen tener menos poder de negociación dentro del hogar. 

En Perú, Sviatschi y Trako (2024) estudian el efecto de la implementación de los Centro de Emergencia Mujer (CEM) [3] y encuentran que la apertura de un centro reduce la incidencia de la violencia de género: reduce la violencia de pareja auto-reportada en aproximadamente un 5.6 %, disminuye en 7 % las muertes femeninas por agresión y en 10 % las hospitalizaciones por problemas de salud mental de mujeres. Un importante hallazgo de este estudio es que esta disminución de la exposición de las mujeres a la violencia tiene efectos intergeneracionales: las inversiones en capital humano en los niños aumentan, lo que eleva la asistencia escolar y las calificaciones. Los datos sugieren que estos resultados se deben a un aumento de la aplicación de la ley contra la violencia de género, además se observa que tras la apertura de un CEM, aumentan las denuncias y los enjuiciamientos por delitos específicos de género.

Este tipo de políticas deben continuar siendo evaluadas y difundidas, especialmente considerando que solo el 29,5 % de mujeres que experimentaron violencia física por parte de su esposo o compañero acudieron a alguna institución en busca de ayuda (INEI, 2025). Estos bajos niveles de denuncia están relacionados con factores que actúan como barreras como la distancia a las comisarías, la falta de acceso a servicios legales, y la estigmatización social en comunidades con un fuerte componente rural y alto nivel de pobreza; esto se traduce por ejemplo a que el 2024 al menos 315 distritos no registraron ninguna denuncia por violencia de género no necesariamente porque no existan casos de violencia sino por las dificultades para que esta sea registrada (Monge, 2025). Además, los servicios de atención más próximos a las víctimas, como las comisarías, a donde recurre el 79,3% de las mujeres que buscan apoyo institucional (INEI, 2025), deben contar con personal debidamente capacitado en perspectiva de género, a fin de garantizar una atención sensible y evitar procesos de revictimización.

Conclusión

Reconocer y cuantificar el costo económico de la violencia de género es un paso indispensable para visibilizar la magnitud del problema y para impulsar políticas públicas que realmente respondan a su gravedad del mismo. La violencia contra las mujeres no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que limita la productividad y compromete el bienestar presente y futuro de sus familias. Por ello, es importante incorporar la perspectiva de género en la planificación estatal, fortalecer los servicios de protección y garantizar que las leyes se implementen de manera efectiva. 

[1] También se reconocen la trata de personas con fines de explotación, las prácticas nocivas como la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil, y la violencia digital, que utiliza tecnologías para hostigar, amenazar o difundir abusos (ONU Mujeres, 2024).

[2] El estudio del FMI también calcula que si los países del África subsahariana incluidos en la muestra redujeran el nivel de violencia de género hasta acercarse a la media mundial del 23% de mujeres que sufren abusos, esto podría traducirse en un aumento del PIB a largo plazo de alrededor del 30%.

[3] Instituciones estatales especializadas diseñadas para reducir la violencia de género, que reúnen los servicios policiales, jurídicos y médicos en una sola oficina con el fin de integrar todas las etapas del proceso de denuncia (Sviatschi y Trako, 2024).

Referencias

• Saldarriaga, A. (2022). Sexual and Gender-Based Violence in Latin America and the Caribbean: Do We Know How Much it Costs the Region? Blogs IADB. https://blogs.iadb.org/igualdad/en/the-cost-of-gender-based-violence-latin-america-caribbean/

• Callan, A., Carney, P., Duvvury, N., Lnu, R. (2013). Intimate partner violence : economic costs and implications for growth and development (English). Women's voice, agency, and participation research series ; no. 3 Washington DC ; World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/en/412091468337843649

• European Institute for Gender Equality (EIGE). (2021). The costs of gender-based violence in the European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://eige.europa.eu/gender-based-violence/costs-of-gender-based-violence?language_content_entity=en

• Ouedraogo, R., & Stenzel, D. (2021). The heavy economic toll of gender-based violence: Evidence from Sub-Saharan Africa (IMF Working Paper WP/21/277). International Monetary Fund.

• Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021). Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women. Geneva: OMS; 2021. Recuperado de https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341337/9789240022256-eng.pdf?sequen

• Agüero, J. M. (2013). Causal Estimates of the Intangible Costs of Violence against Women in Latin America and the Caribbean. https://doi.org/10.18235/0011490

• Díaz, R. & Miranda, J. (2010). Aproximación del costo económico y determinantes de la violencia doméstica en el Perú. Lima: CIES – Consorcio de Investigación Económica y Social. https://cies.org.pe/wp-content/uploads/2016/07/08-diaz_miranda.pdf

• Ferraz, C. and Schiavon, L. (2022). Crime, Punishment, and Prevention: The Effect of a Legal Reform on Violence Against Women. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4354206

• Sviatschi, M. M., & Trako, I. (2024). Gender violence, enforcement, and human capital: Evidence from Women’s Justice Centers in Peru. Journal of Development Economics, 168, 103262. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103262

• Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2025) Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024 - Nacional y Departamental. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib2016/libro.pdf

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2019) El costo de la no prevención: análisis y recomendaciones para enfrentar la violencia contra niñas y mujeres desde la experiencia de Villa El Salvador. https://files.acquia.undp.org/public/migration/pe/ff332a3d3d9feae431c1b2982af506a0d7c1a40bc3fceafa003323fc297eba22.pdf

• 
  

• The economic costs of Violence Against Women. UN Women – Headquarters. (21 de septiembre de 2016). https://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/9/speech-by-lakshmi-puri-on-economic-costs-of-violence-against-women

• Vara-Horna, A. (2020). Los costos-país de la violencia contra las mujeres en Ecuador. PreViMujer, GIZ. https://comvomujer.org/books/data-and-scientific-evidence/page/study-the-country-costs-of-violence-against-women-in-ecuador

• Vara-Horna, A. (2018). Los costos país de la violencia contra las mujeres en Paraguay. Una estimación causal-multinivel de la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja en la economía nacional. Asunción, GIZ.https://mujer.gov.py/wp-content/uploads/2024/06/Costo-Pais-de-la-Violencia.pdf

• Hidalgo, N. (22 de octubre de 2015). ¿Cuánto le cuesta la violencia contra las mujeres a las empresas? Banco Interamericano de Desarrollo https://blogs.iadb.org/igualdad/es/cuanto-le-cuesta-la-violencia-contra-las-mujeres-a-las-empresas/#:~:text=En%20total%2C%20estas%20p%C3%A9rdidas%20de,4%25%20del%20PIB%20del%20pa%C3%ADs.

• Curo, S. (8 de marzo de 2023). Violencia de género: su impacto económico en el Perú y el desempeño de programas en torno a las mujeres. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2023/03/08/violencia-de-genero-su-impacto-economico-en-el-peru-y-el-desempeno-de-programas-en-torno-a-las-mujeres/

• Monge, F. (21 de septiembre de 2025). Cuando la violencia no llega al papel: pobreza, ruralidad y el silencioso mapa de las denuncias en el Perú. El Comercio - ECData. https://elcomercio.pe/ecdata/pnpcem-mimp-cifra-oculta-de-violencia-contra-la-mujer-en-peru-feminicidios-ministerio-de-la-mujerdina-boluarte-sheylla-gutierrez-noticia/