Energía que no alcanza: pobreza energética peruana 

Los hogares que viven en pobreza energética carecen de acceso a energía moderna y sostenible para cubrir necesidades básicas relacionadas con la iluminación, la cocción de alimentos o el confort térmico, viéndose obligados a recurrir a combustibles contaminantes que afectan su salud y el medioambiente. En el Perú, esta condición no solo representa una brecha de acceso a servicios energéticos esenciales, sino que también está estrechamente vinculada a desigualdades territoriales, económicas y de bienestar. 

Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), más de 1.7 millones de hogares peruanos viven en situación de pobreza energética, con una prevalencia especialmente alta en zonas rurales de la sierra y la selva, donde una amplia proporción de familias depende de leña o carbón para cocinar y realizar actividades cotidianas (Macroconsult, 2024). Este fenómeno tiene implicancias directas en la salud pública, por la exposición a humos tóxicos como el como monóxido de carbono o material particulado [1], en el desarrollo humano, por las limitaciones al acceso a fuentes de energía modernas, y en la calidad de vida general. Por ello, su medición es fundamental para el diseño de políticas públicas eficaces.

En este artículo se revisan y discuten los resultados de Schirmer et al. (2023) y de Macroconsult (2024), complementandose con estadísticas provenientes de encuestas nacionales con el fin de aproximar las carencias en iluminación, cocción, refrigeración, acceso a tecnologías de información y comunicación que permiten operacionalizar el concepto de pobreza energética en el contexto peruano.

Concepto adoptado de pobreza energética

Siguiendo a Schirmer et al. (2023), un hogar se encuentra en pobreza energética cuando no logra satisfacer al menos una de las necesidades energéticas absolutas requeridas para garantizar funciones esenciales de bienestar. Estas necesidades se expresan en la posibilidad de acceder a servicios tales como iluminación, cocción de alimentos, refrigeración, confort térmico, entretenimiento, comunicación y calentamiento de agua.

Además, el estudio identifica una categoría adicional: pobreza energética severa, definida como la situación en la cual un hogar no satisface más de la mitad de los servicios energéticos definidos como necesarios. En particular, encuentran que Perú cuenta con un 71% de pobreza energética y 23% de pobreza energética severa.

Siguiendo los datos de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2024, el 92,7% de los hogares a nivel nacional cuenta con acceso al servicio de energía eléctrica mediante la red pública, lo que representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales respecto al 2023. La cobertura en el ámbito rural es de 82,9%, con una variación negativa de 2,2 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, y se ubica muy por debajo del ámbito urbano, donde la cobertura alcanza 95,1%. En términos de regiones naturales, la costa presenta la mayor cobertura con 94,3%, seguida por la sierra con 90,8% y la selva con 90%. Estas cifras reflejan brechas persistentes en el acceso a energía eléctrica entre zonas urbanas y rurales, así como entre diferentes regiones del país.

Según el Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú del INEI, con datos de la ENAHO del tercer trimestre de 2024, el 88,6% de los hogares peruanos utiliza gas para cocinar, lo que representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2023. El uso es mayor en áreas urbanas (93,9%) que en rurales (68,1%); en estas últimas se registró un incremento de 4,6 pp, mientras que en lo urbano hubo una ligera caída (-0,5 pp) respecto al 2023. Por otro lado, el 6,1% de los hogares todavía utiliza leña para cocinar, una proporción que se redujo en 0,9 pp con respecto al tercer trimestre del año anterior. Además, el 90,1% de los hogares dispone de una cocina a gas, pero persisten brechas urbano-rurales en el acceso a tecnologías energéticas modernas.

En 2024, los resultados de la ENAHO muestran que el 49,4% de hogares no dispone de refrigeradora o congeladora, lo que afecta la conservación de alimentos y la seguridad alimentaria, especialmente en los sectores más vulnerables. Durante la pandemia, esta carencia obligó a muchos hogares pobres a salir con mayor frecuencia a los mercados, aumentando su exposición al contagio. En 2019, solo alrededor del 22% de los hogares pobres tenía refrigeradora, evidenciando una limitación estructural en el acceso a este bien básico (El Comercio, 2020).

En cuanto al entretenimiento y acceso a tecnologías, los resultados de la ENAHO 2024 muestran que el 75,24% de los hogares tiene televisor a color y el 70,64% celular, mientras que solo el 31,18% cuenta con computadora o laptop, el 25,95% con equipo de sonido y el 2,41% con tableta. Estas cifras reflejan brechas en el acceso a servicios de información, educación y entretenimiento digital. Asimismo, el 58,4% de los hogares dispone de Internet, con un aumento de 2,4 pp respecto al año previo, lo que evidencia una expansión gradual del acceso digital, aunque persisten desigualdades territoriales y socioeconómicas.

En esa misma línea, de acuerdo con un estudio elaborado por Macroconsult (2024), el dimensionamiento de la pobreza energética en el Perú se realiza a partir del Índice de Pobreza Energética Multidimensional (MEPI) desarrollado por Osinergmin. Este indicador evalúa si los hogares logran cubrir cinco servicios fundamentales: (1) cocción, (2) iluminación, (3) asequibilidad, (4) servicios provistos mediante electrodomésticos, y (5) entretenimiento/educación y comunicación. Según estimaciones del MEPI a nivel departamental, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Puno, Amazonas y Loreto presentan niveles de pobreza energética moderada [2]. Asimismo, el estudio identifica que el porcentaje de hogares que utilizan combustibles sólidos (como leña, bosta o carbón) puede emplearse como una proxy de la falta de acceso a combustibles modernos. Los resultados muestran que los mayores porcentajes de uso de combustibles sólidos se concentran principalmente en regiones de la sierra y la selva, evidenciando la persistencia de brechas estructurales en el acceso a energía limpia y segura.

• Impactos de la pobreza energética

El uso persistente de combustibles tradicionales como la leña, el carbón o la bosta está asociado a elevados riesgos para la salud, particularmente en mujeres, quienes suelen estar más expuestos a la contaminación del aire dentro de hogar (Dimaviya et al, 2025; Ganiyu et al, 2025); asimismo, esta práctica contribuye a la degradación de los bosques, la extinción de especies, y agrava la erosión del suelo (Balume et al., 2025). En este contexto, la pobreza energética actúa como un factor que refuerza desigualdades estructurales preexistentes, tanto territoriales como de género.

• Impacto salud

La evidencia empírica reciente muestra que la pobreza energética no solo constituye una privación material, sino también un determinante relevante de la salud física y mental. En el caso de Estados Unidos, McTague y Trujillo-Baute (2025), utilizando datos tipo panel, encuentran que mayores precios de la energía y la condición de pobreza energética se asocian consistentemente con peor estado de salud autopercibido, mayores síntomas depresivos y aumentos en el índice de masa corporal en personas mayores de 50 años. Nguyen-Phung y Le (2025) para Vietnam, muestran mediante estimaciones de variables instrumentales que la pobreza energética incrementa significativamente las tasas de hospitalización, en parte a través de comportamientos de riesgo y menores estándares de vida. Complementariamente,  Stabridis y van Gameren (2018), utilizando datos de México, encuentran que el uso de leña como combustible para cocinar, y la consecuente exposición a contaminación intradomiciliaria, aumenta la prevalencia de problemas respiratorios en mujeres, afectando además su participación en el mercado laboral. En la misma línea, Basu et al. (2024) encuentran para India que el uso de combustibles sólidos como leña, estiércol o residuos agrícolas incrementa significativamente la mortalidad infantil, especialmente la neonatal (primeros 28 días de vida), con efectos más pronunciados en niñas y en hogares pequeños donde la exposición a humo es mayor. En conjunto, estos hallazgos sugieren que las carencias energéticas impactan la salud a través de múltiples mecanismos, reforzando la necesidad de integrar la política energética con la política sanitaria y de protección social.

• Impacto ambiental

Desde la dimensión ambiental, la pobreza energética también genera externalidades significativas sobre los ecosistemas y la calidad ambiental. Kelechi et al. (2023), para un panel de países del África Subsahariana entre 2005 y 2020, encuentran que la pobreza energética incrementa la huella ecológica y contribuye al deterioro ambiental, evidenciando que la dependencia de fuentes tradicionales y contaminantes intensifica la presión sobre los recursos naturales. Por su parte, Pondi y Engwali (2024), analizando 43 países de la misma región, muestran que el acceso a electricidad y a energía limpia para cocinar presenta una relación no lineal con la calidad ambiental: inicialmente puede asociarse a mayores emisiones y deforestación, pero a partir de cierto umbral mejora la calidad ambiental. Estos hallazgos sugieren que la pobreza energética no solo perpetúa la vulnerabilidad social, sino que también agrava la degradación ambiental, y que la transición hacia energías limpias resulta clave para reducir la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono en el largo plazo.

• El rol de la política pública

El acceso a la energía en el Perú presenta marcadas desigualdades territoriales y socioeconómicas que condicionan la calidad y continuidad del servicio. La lejanía y dispersión de numerosas localidades, especialmente en la sierra y la selva, el bajo consumo unitario derivado del reducido poder adquisitivo y las limitaciones en infraestructura vial dificultan la expansión eficiente de redes eléctricas y de gas. Estas características estructurales no solo elevan los costos de provisión, sino que también reducen la rentabilidad privada de los proyectos energéticos. Por ello se requiere de la participación activa del Estado para reducir brechas persistentes en el acceso a fuentes modernas y limpias de energía, particularmente en zonas rurales y poblaciones vulnerables. 

El Estado peruano ha impulsado una estrategia de inclusión energética a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), creado en 2012 y administrado por Osinergmin, con el objetivo de promover el acceso universal y la masificación del gas natural. Entre sus principales intervenciones destaca el programa BonoGas, que ha permitido que más de 500 mil hogares accedan a gas natural, generando ahorros aproximados de 15 soles mensuales por familia frente al uso de GLP. Asimismo, el Vale de Descuento GLP ha beneficiado a hogares vulnerables con subsidios directos para la compra de balones de gas, registrando más de 54 millones de vales canjeados hasta 2019. En el ámbito eléctrico, el Programa Masivo Fotovoltaico ha instalado más de 177 mil paneles solares en zonas aisladas no conectadas a red, mientras que el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial subsidia el cargo fijo y la tarifa en sistemas rurales, beneficiando a aproximadamente 2,9 millones de hogares.

Sin embargo, pese a estos avances, informes de la Contraloría del 2025 han evidenciado problemas de gestión y sostenibilidad financiera en programas vinculados a la masificación del gas natural, como el Ahorro GNV, donde se acumulan millones de soles en deudas impagas que comprometen los recursos del FISE (Salazar, 25 de marzo de 2025). Estas deficiencias en supervisión y recuperación de fondos, sumadas a brechas territoriales en infraestructura y cobertura, muestran que, si bien la política de inclusión energética ha ampliado el acceso, aún no ha logrado resolver de manera integral las restricciones de asequibilidad, calidad y continuidad del servicio que enfrentan los hogares más vulnerables.

Conclusiones

La evidencia presentada confirma que la pobreza energética en el Perú, analizada desde el enfoque de satisfacción de necesidades básicas de Schirmer et al. (2023), trasciende la mera cobertura eléctrica. Aunque los niveles de electrificación son relativamente altos, persisten privaciones sustantivas en cocción limpia, refrigeración, acceso a tecnologías de información y equipamiento doméstico, especialmente en zonas rurales de la sierra y la selva. Estas carencias también generan efectos acumulativos sobre la salud, la productividad laboral, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Los hallazgos internacionales muestran que la pobreza energética afecta el bienestar a lo largo del ciclo de vida, desde la mortalidad neonatal hasta la salud mental en la adultez mayor, y que su reducción requiere intervenciones que combinen alivio presupuestario, acceso a combustibles modernos y fortalecimiento de activos en los hogares. En el caso peruano, el desafío pendiente es avanzar hacia una política energética integral que articule subsidios inteligentes, expansión de energías limpias descentralizadas y acceso a equipamiento eficiente.

En síntesis, combatir la pobreza energética es una condición para el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental que requiere una estrategia multidimensional centrada en las necesidades reales de los hogares.

[1] Este ingresa al organismo y las partículas más pequeñas (menores de 2.5 micras de diámetro) pueden llegar hasta los pulmones ocasionando serios problemas como infecciones respiratorias o enfermedades pulmonares obstructivas, como la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar; incluso podrían producir cáncer de pulmón (Osinergmin, 2019).

[2] Clasificación: MEPI < 0.3, pobreza energética baja; ii) 0.3 < MEPI < 0.7, pobreza energética moderada y iii) MEPI > 0.7, pobreza energética aguda.

Referencias

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