En los últimos años, las economías ilegales han cobrado fuerza en el Perú, operando al margen de la ley y evadiendo la regulación y fiscalización estatal. Se estima que en 2023 generaron aproximadamente 9,800 millones de dólares, lo que equivale a casi el 4% del PBI nacional. Pese al alto movimiento de dinero, estas actividades tienen graves consecuencias para el desarrollo social y económico del país.
Entre estas economías, la minería ilegal se ha convertido en una de las más lucrativas en el Perú. Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre 2013 y 2023, esta actividad generó ingresos ilícitos por 8,216 millones de dólares, superando incluso al narcotráfico y la corrupción.
La minería ilegal se desarrolla principalmente en zonas prohibidas como riberas de ríos, cabeceras de cuenca y áreas naturales protegidas. Además, según el Decreto Legislativo Nº 1105, cualquier operación que utilice maquinaria pesada sin cumplir las normativas de la pequeña minería o minería artesanal también es considerada ilegal.
Esta actividad está asociada a delitos como la tala indiscriminada, el lavado de activos y la trata de personas. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (2024), su expansión ha sido más notoria en regiones amazónicas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Huánuco y San Martín, donde el 91 % de los casos se relacionan con la extracción de oro, en un contexto de fiscalización deficiente.
Como evidencia, el gráfico 1 muestra que, al menos en los últimos 10 años, las exportaciones de oro han superado consistentemente la producción nacional; lo que sugiere un volumen significativo de comercialización irregular. Esta situación refleja la magnitud del problema y la urgencia de abordarlo. En ese sentido, el presente artículo examina las causas estructurales que han permitido el crecimiento de la minería ilegal, las graves consecuencias que genera, y la efectividad de las medidas implementadas por el Estado para contener su avance, con el fin de aportar una visión crítica sobre este problema que afecta el desarrollo sostenible del país.
Gráfico N°1: Brecha entre exportación y producción de oro
(TMF de oro)
Fuente: Banco Central de Reserva (2024)
Factores que impulsan la minería ilegal
El crecimiento de la minería ilegal responde a una combinación de factores económicos, sociales e institucionales. Uno de los principales es la tendencia alcista del precio del oro. Perú es el segundo mayor productor de oro en Latinoamérica y el octavo a nivel mundial (Consejo Mundial de Oro, 2023). Actualmente, el precio del oro supera los 2,500 dólares por onza, cuadruplicando su valor desde 2005. Este incremento ha incentivado la extracción ilegal, facilitada por la falta de un sistema efectivo de trazabilidad del mineral.
Como se observa en el gráfico 2, en 2023, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los 4,737 millones de dólares, con una producción estimada de más de 77 toneladas. Para 2024, el Instituto Peruano de Economía (2024) estima un incremento del 20% del volumen con 92 toneladas de oro ilegal exportado, tres veces más que hace una década, alcanzando un valor superior de 7,000 millones de dólares. Como resultado, el 45% del oro ilegal exportado de América del Sur proviene de Perú.
Gráfico N°2: Exportación de oro ilegal y precio del oro
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), IPE (2024)
Además, la pobreza y la falta de empleo formal, especialmente en zonas rurales, han empujado a miles de personas a involucrarse en la minería ilegal como medio de subsistencia. Se estima que entre 300,000 y 500,000 personas participan directa o indirectamente en la minería ilegal (Valdés y otros, 2021). Además, la ausencia del Estado en regiones alejadas facilita el lavado de dinero vinculado a la actividad, fomentando la corrupción y distorsionando la economía formal.
La minería ilegal genera un impacto económico significativo, con una pérdida anual de 23,760 millones de soles, equivalente al 2.5% del PBI nacional (Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, 2024). La metodología del estudio para cuantificar la pérdida incluye la evaluación de factores como la evasión fiscal, los costos ambientales y sociales derivados de la actividad. La evasión tributaria, por sí sola, se estima entre 350 y 450 millones de dólares anuales, afectando la inversión en infraestructura y servicios públicos.
En Madre de Dios, uno de los epicentros de esta actividad, el 90 % de la minería en 2022 era ilegal o informal, involucrando a más de 9,393 personas (USAID, 2022). El consumo per cápita de combustibles en la región es cinco veces mayor al promedio nacional y ha aumentado en paralelo con el alza del precio del oro. Este patrón sugiere un uso intensivo de diésel en actividades extractivas y de tala. Además, la exoneración del IGV a la venta de combustibles en la Amazonía no solo merma los ingresos fiscales, sino que también actúa como un subsidio indirecto para las economías ilegales.
En el aspecto social, los efectos de esta actividad son alarmantes. La exposición al mercurio representa una grave amenaza para la salud pública, afectando tanto a las comunidades locales como a aquellas que dependen de los recursos naturales contaminados. Las excavaciones mineras generan pozas de agua estancada, favoreciendo la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, la malaria y la fiebre oropouche. Además, la alteración de cauces fluviales y el incremento de sedimentos elevan la vulnerabilidad ante desastres naturales, especialmente inundaciones en temporada de lluvias.
Otro aspecto preocupante es el vínculo entre la minería ilegal y la inestabilidad social. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS, 2021), existen indicios de que parte de los ingresos generados por esta actividad financian protestas y movimientos organizados que buscan debilitar el control estatal, facilitando la expansión de actividades ilícitas.
A nivel ambiental, la contaminación por mercurio es particularmente preocupante. En los últimos 20 años, se han vertido aproximadamente 3,000 toneladas de este metal en los ríos amazónicos (USAID, 2021). Un estudio del Carnegie Institute (2013) reveló que el 60% de los peces consumidos en Puerto Maldonado presentan niveles de mercurio por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, la deforestación es otro de los daños más devastadores asociados a esta actividad. De acuerdo con la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (2024) el promedio anual de deforestación en el Perú por la actividad minera —incluyendo la ilegal, informal y artesanal— alcanza las 132,000 hectáreas, con un incremento notable en la última década que supera las 150,000 hectáreas anuales. Esta degradación ambiental afecta la biodiversidad y acelera la pérdida de ecosistemas críticos para la estabilidad climática.
En Madre de Dios, la expansión descontrolada de la minería ha provocado una alarmante deforestación, alcanzando aproximadamente 128,000 hectáreas entre 1985 y 2023, con una aceleración significativa en la última década. En particular, entre 2009 y 2019, se perdieron 64,586 hectáreas de bosque, una superficie equivalente a 90,456 estadios de fútbol (Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina - MAAP, 2024; ONPC, 2021; Ráez, 2019).
El proceso de formalización minera en el Perú ha fracasado. Desde la creación de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en 2002 hasta la implementación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 2016, la minería ilegal sigue creciendo sin un control efectivo.
Los principales obstáculos incluyen la limitada capacidad institucional, la burocracia excesiva, la falta de incentivos y la escasa capacitación para los mineros. La falta de coordinación entre entidades gubernamentales y la ausencia de mecanismos de transparencia han generado un proceso lento y poco atractivo para quienes intentan formalizarse.
El Reinfo ha permitido que mineros inscritos continúen operando, lo que ha generado desafíos para la intervención policial y ha mantenido un sistema en el que la informalidad y la ilegalidad siguen presentes, sin lograr avances significativos en la regulación. Como se observa en el gráfico 3, en Madre de Dios, de los 8,864 casos inscritos en el Reinfo, el 79.3% han sido suspendidos debido a incumplimientos normativos. En San Martín, la situación es aún más crítica, con aproximadamente el 90% de las 218 inscripciones suspendidas por razones similares.
Gráfico N°3: Reinfo por departamentos
Fuente: Registro Integral de Formalización Minera (2025)
A pesar de contar con un programa presupuestal para la reducción de la minería ilegal desde 2015, el financiamiento ha ido en descenso. Como se evidencia en el gráfico 4, en 2019, el presupuesto destinado ascendía a S/ 89 millones, pero para 2025 se ha reducido a S/ 74 millones, debilitando las acciones de fiscalización y control. Asimismo, del presupuesto total asignado a orden público y seguridad, solo apenas el 0.4% se destina a la lucha contra la minería ilegal. En términos concretos, esto equivale a que, por cada 100 soles del presupuesto general, tan solo 0.40 céntimos se emplean en el combate de esta actividad ilícita.
Gráfico 4: Presupuesto del Programa “Reducción de la Minería Ilegal” 2015-2025
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- SIAF (2025)
En febrero de 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) reportó la ejecución de 78 operativos, logrando incautar bienes valuados en S/ 244 millones, principalmente en Madre de Dios. Sin embargo, estas intervenciones siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
La minería ilegal es una de las principales amenazas para el desarrollo del Perú. Su impacto económico, ambiental y social es devastador. Su erradicación requiere una estrategia integral que combine prevención, fiscalización efectiva, investigación, incentivos para la minería formal e impulso de alternativas económicas sostenibles para las comunidades vulnerables.
Según el Proyecto Prevenir de USAID (2023), es fundamental fortalecer el control de insumos críticos como el combustible, el mercurio y el cianuro, ampliamente utilizados en la extracción ilegal de minerales. Asimismo, resulta prioritario depurar los marcos normativos que regulan el proceso de formalización, asegurando que la nueva legislación no solo facilite la transición a la legalidad, sino que también cierre brechas que han permitido la persistencia de la minería ilegal.
A nivel institucional, es clave fortalecer la articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, garantizando una coordinación efectiva en la lucha contra esta actividad ilícita. Del mismo modo, es necesario reforzar la presencia del Estado mediante un monitoreo permanente en las zonas con mayor incidencia de minería ilegal, lo que permitirá una respuesta más rápida y eficaz.
Más allá de la represión, la educación y sensibilización de la población juegan un rol clave en la lucha contra la minería ilegal. Es imprescindible generar conciencia sobre los graves daños que esta actividad causa al país y, en particular, a la Amazonía peruana. La promoción de proyectos productivos sostenibles representa una alternativa viable para reducir la dependencia de actividades ilícitas, al tiempo que contribuye al desarrollo económico local (FCDS, 2023).
El panorama es cada vez más desafiante. Con el precio del oro alcanzando máximos históricos, y con proyecciones de mantenerse en niveles elevados debido a las tensiones comerciales y los riesgos geopolíticos, los incentivos para la expansión de la minería ilegal seguirán aumentando. El momento de actuar es ahora. Sin medidas urgentes y sostenidas, esta crisis continuará agravándose, poniendo en peligro no solo la Amazonía, sino también el futuro económico y social del Perú.
Referencias
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